Balance de un año de gestion-Por Pimpi Colombo, Subsecretaria de Defensa del Consumidor.
Una visión economicista, individualista, caracteriza a la sociedad actual como sociedad de consumo, y al consumidor como el último eslabón del sistema económico. Desde esa perspectiva, las personas son sujetos pasivos y aislados sometidos al bombardeo constante de la publicidad. Sociedad de consumo que no garantiza el consumo mínimo ni básico para miles de millones de personas en el mundo que, sin embargo, tienen la ñata contra el vidrio, el vidrio de la tele.
Esa visión es la contracara de un pensamiento instalado durante décadas en Argentina y en el mundo para convencernos de que se habían terminado las ideologías, que el mercado es el mejor equilibrador de los recursos sociales, que ya no debíamos esperar que el trabajo fuera el eje vertebral de la organización social, que el Estado debía tener un rol muy restringido y específico: probablemente el de ir como gigantesca ambulancia recogiendo los heridos y excluidos de una globalización para pocos. En ese marco es que nos presentaron a los consumidores como un “poder económico” si lográbamos ser lo “suficientemente informados y denunciativos”.
Desde hace exactamente un año, nos hicimos cargo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor con una idea diametralmente opuesta: nos planteamos que los derechos de consumidores y usuarios de servicios debían ser instalados en la agenda política y en el debate de la sociedad como constitutivos del proceso de recuperación de la Argentina de Derechos, de la Argentina del trabajo, recuperada a partir del año 2003 y hoy profundizada mediante una decidida política de defensa del CONSUMO, el TRABAJO y la PRODUCCIÖN NACIONAL por el gobierno nacional.
A partir de esa concepción, podemos comprender que el poder de consumidoras y consumidores radica en la capacidad de decisión y participación de todas las organizaciones de la comunidad: sean específicas de consumidores, o sea el sindicato de amas de casa y otras organizaciones sindicales, o barriales o sociales. Incorporando tales herramientas organizadamente pueden incidir satisfactoriamente en las relaciones de consumo, en la mejora del ambiente, en la calidad social y solidaria del consumo. Y sobre todo, ser parte de la consolidación de la calidad institucional de nuestra relativamente joven democracia.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor forma parte de este esfuerzo colectivo para reponer en el debate público la acción del Estado, entendiendo que el derecho al consumo fundamental es el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas.
En nuestro país, los derechos de los consumidores están incorporados en la Constitución Nacional y desde hace 15 años reglamentados por la Ley 24.240, que desde hace un año ha sido reformada incorporándole importantes derechos.
Una de nuestras primeras tareas fue trabajar sobre el proyecto de Decreto Reglamentario de la misma, y lo hicimos precisamente con el concepto de que era necesario incorporar en ese trabajo a los diversos actores. Por tal motivo constituimos una comisión que convocó a las organizaciones específicas, a la academia, a las cámaras empresarias, a profesionales del derecho y a las provincias, a acercarnos sus propuestas.
En el proceso de reglamentación se consolidó el aporte del Consejo Federal del Consumo, de las Asociaciones de Consumidores y de más de 300 cámaras industriales y comerciales. La nueva legislación protege a los usuarios de servicios públicos, y prevé que debe aplicarse la norma más favorable a los consumidores. La Ley también prevé las acciones colectivas, en donde las asociaciones pueden representar a consumidores damnificados, esto indica que desde la legislación se apunta a construir y fortalecer una cultura de consumo responsable, dentro de la cultura de derechos.
En todos estos casos, la presencia del Estado es distintiva y decisiva pero también lo es la organización de la comunidad para apropiarnos de estas políticas, de estas oportunidades y de estos derechos como protagonistas. Para fortalecer la realización de este objetivo hemos puesto en marcha el Programa Valor.Ar que, a través de talleres, encuentros de capacitación y actividades comunitarias – más de 2.500 personas como promotoras de derechos- en las diferentes provincias y ciudades, promoviendo la participación de las organizaciones sociales, sindicales y comunitarias para garantizar el ejercicio de derechos y el seguimiento en el cumplimiento de la ley y de las políticas de fortalecimiento del mercado interno.
La difusión en el ámbito docente de la Educación en Consumo, que contempla la integración de contenidos transversales a diferentes disciplinas, y el Curso a Distancia “La Protección de los Consumidores en el Ordenamiento Jurídico Argentino” son un aporte significativo para su incorporación en el ámbito educativo y la profundización de la temática en la universidad.
En convenio con PAMI se ha integrado a la Red de Centros de Jubilados y Pensionados en los talleres de Educación en Consumo convirtiendo a nuestros mayores en promotores de derechos. Con la Secretaria de Turismo se trabaja conjuntamente en un Turismo Estudiantil responsable con jóvenes, padres, docentes, y agencias.
El Consejo Federal del Consumo (COFEDEC) esta trabajando activamente en el análisis y solución de los distintos temas que requirieron su participación e intervención: reglamentación de la Ley 24.240, acuerdo sobre Gas Licuado de Petróleo, en el control de los acuerdos de precios, problemas en relación a la telefonía e Internet en las provincias. Se ha impulsado la puesta en marcha de Tribunales Arbitrales adaptándolos a las características legales propias de cada provincia
A través del Consejo de Seguridad Eléctrica (CONSE) se trabaja articuladamente con las Cámaras Empresarias del Sector Eléctrico, Asociaciones de Consumidores, Laboratorios de Ensayo y Certificadoras en materia normativa y de capacitación en seguridad eléctrica y eficiencia energética en beneficio de los consumidores.
Es fundamental trabajar coordinadamente oficinas de consumidores, asociaciones, y comunidad, por ello se han mejorado los instrumentos de comunicación, incorporando eficientemente las tecnologías de comunicación. Estamos fortaleciendo la Atención y Orientación a Consumidores, con la apertura de la mesa de atención y asesoramiento, instalando un sistema más moderno para la atención telefónica, apuntando a la reducción del plazo de respuesta a través del correo electrónico. Mantenemos un contacto permanente informando novedades a través del envío del boletín electrónico “Compartiendo”, la página www.defensaconsumidor.gov.ar y la creación de una nueva página WEB, www.consumidor.gov.ar, que permite una interacción fluida con la gente.
En este marco, impulsamos la difusión en los medios masivos de comunicación, a través de la presentación y emisión de spots radiales (Radio Nacional) y la atención semanal de consultas directas en Radio Mitre y Radio Cooperativa. Y la inminente puesta en la calle del Programa Consumidores en Marcha: oficina móvil de asesoramiento y difusión.
Un párrafo especial merecen las tareas desarrolladas en el marco del Comité Técnico N°7 Defensa del Consumidor del MERCOSUR. Entre las más destacadas se encuentra la de organizar Talleres de Formación de promotores comunitarios de Derechos de Consumidores en ciudades de frontera, y la compilación de la legislación comparada, ya que los problemas en relación al consumo son similares en los países miembros.
Toda política de derechos tiene como objetivo promover relaciones equitativas entre los actores sociales, y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, generando espacios para construir redes sociales, aumentar la participación en las decisiones y erradicar las injusticias sociales.
Desde la Subsecretaria de Defensa del Consumidor ratificamos el compromiso de trabajar en ese sentido, para que cada uno asuma la parte de responsabilidad que le cabe: Estado, empresas, organizaciones de la comunidad y, a todos, como ciudadanos en el ejercicio del rol de consumidores y usuarios.
Publicado en el Diario Bae el 11 de junio de 2009.
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